lunes, 28 de marzo de 2011

no pude dormir Un paso fundamental para darle viabilidad a Pemex

Mas noticias en http://noti.mx ...con estos chismes ni como evitar ser chismoso El pasado 18 de marzo, en el marco del 73 aniversario de la expropiación petrolera, la
fracción panista del Senado presentó una iniciativa para reformar la Ley Reglamentaria
del Artículo 27 Constitucional en el ramo del petróleo.
Como se señala en la exposición de motivos, esta propuesta recupera la orientación de la
legislación promulgada por el Gral. Lázaro Cárdenas en el caso de la construcción de
refinerías, oleoductos y sistemas de distribución de gas.
La legislación publicada en 1940 –mucho menos restrictiva que la actual– facultaba al
Estado mexicano a otorgar concesiones en esos rubros, lo cual ahora no es posible.
Inclusive, permitía celebrar contratos con particulares, para que por cuenta del Gobierno
Federal, realizaran trabajos de exploración y explotación, con compensaciones en efectivo
o equivalentes a un porcentaje de la producción.
A 70 años de distancia, la iniciativa de los senadores panistas abre la posibilidad de que
los sectores social y privado, previo permiso, lleven a cabo inversiones y actividades en
refinación de petróleo y procesamiento de gas natural, así como transporte,
almacenamiento y distribución de los productos que se obtengan de estos procesos.
Aunque sus alcances son acotados y no resuelven algunas de las limitaciones y los
problemas estructurales más importantes de nuestra industria petrolera, esta iniciativa va
en el camino correcto. De aprobarse, tendrá efectos positivos en el corto, mediano y largo
plazos, como un primer paso fundamental para reposicionar a Pemex y relanzar al sector
energético nacional, con mayor competitividad, eficiencia y perspectivas de crecimiento.
La reforma propuesta permitiría liberar recursos del Estado para canalizarlos al gasto
social y otras inversiones prioritarias. La participación de nuevos actores en el sector
energético, contribuiría a que haya un mejor y más sano desarrollo del mismo.
Estos cambios significarían una oportunidad para que Pemex pueda enfocarse en
actividades estratégicas y aquellas que le puedan aportar mayor rentabilidad y valor
agregado. El control del Estado, que hoy se extiende a toda la industria, podría
concentrarse primordialmente en la exploración y explotación de petróleo.
Hoy, compramos en el exterior cuatro de cada 10 litros de gasolina que consumimos, con
un costo superior a 10 mil millones de dólares anuales. Es la cuarta parte de lo que
importa Estados Unidos, siendo que su economía es 10 veces mayor que la nuestra.
Una refinería como la que se realizará en Tula, requiere inversiones por más de 10 mil
millones de dólares y siete años para completarse. Para cubrir nuestra demanda en los
próximos 20 años con fuentes propias, necesitamos reconfigurar las seis plantas
construidas en un lapso de 100 años y poner en operación una nueva cada cuatro años.
Actualmente existe una capacidad excedente de refinación en el mercado mundial. Lo que
procede es tener una fórmula adecuada, que combine la importación de productos
refinados en las mejores condiciones y costo, con la ampliación y mejora de nuestra
propia capacidad, tanto la existente como la que tendremos que desarrollar en los
próximos años. Pemex no puede enfrentar este reto por sí solo.
Dados los altos costos de construcción de una refinería, así como el tiempo que toma
hacerlas, México está en la ruta correcta, al orientar sus esfuerzos a incrementar la
capacidad de las refinerías existentes. Los contratos de servicios integrales, creados en
1996, fueron un avance importante, pues permiten la contratación de terceros para la
modernización de las plantas.
La iniciativa de los senadores panistas es congruente con las exigencias actuales de la
industria global de los hidrocarburos y con las necesidades de México. Se requiere una
política expansiva de la inversión fija, para asegurar el suministro confiable de
energéticos, de diversas fuentes: más ramales, más ductos, más terminales de
almacenamiento y de importación, más compresoras eficientes, mejor logística y
despacho, tarifas y aranceles competitivos, mayor seguridad jurídica, más empleo y mejor
tecnología, entre otros.
Para garantizar el abasto de energía a la actividad industrial del país, es preciso que la
inversión privada participe en la exploración y producción de gas natural,
complementando los esfuerzos de Pemex.
Esto tendría un alto impacto en zonas con un mercado interno débil, que se incorporarían
a las cadenas productivas de la iniciativa privada, recibiendo inversiones en
infraestructura de transporte, turismo, carreteras e industria manufacturera, entre otras.
La iniciativa también prevé dar mayores facultades a la Comisión Reguladora de Energía,
para reforzar los incentivos necesarios tendientes a consolidar un mercado de transporte
de petrolíferos seguro, eficiente y competitivo.
En este sentido, hace falta generar instrumentos regulatorios para que la Comisión
Reguladora de Energía pueda contar con expertos, órganos consultivos y todo lo
necesario para administrar permisos de transporte, almacenamiento y terminales, entre
otros. Es importante tener una política adecuada de incentivos que estimulen el buen
desempeño de este organismo, ligada a los recursos que obtiene y con indicadores
basados en el desarrollo del sector.
También existen aspectos cruciales que no se abordan en esta nueva propuesta de
reforma petrolera, como los subsidios del gobierno para energéticos como gas LP,
gasolinas y diesel, con cargo a las finanzas de Pemex. El impacto es realmente
importante.
No se afirma contundentemente la necesidad de crear más infraestructura para transporte
y procesamiento de gas natural, así como para evitar su quema asociada a la producción
de petróleo, ya sea por parte de Pemex –imposibilitado por sus limitaciones
presupuestales– o por el sector privado.
La iniciativa no permite la desincorporación de terminales de distribución, almacenamiento
y transporte de hidrocarburos. Esto no se justifica, porque la modificación propuesta
especifica que aquello que está en el subsuelo es propiedad de la nación, pero los otros
procesos pueden ser realizados por particulares, sin vulnerar la autonomía nacional.
A pesar de estos puntos que deben ser tomados en cuenta en el debate técnico y
legislativo, la propuesta del PAN es una oportunidad que no debe desaprovecharse. Tiene
congruencia y claridad; va en la dirección adecuada y cuenta con la capacidad de generar
un impacto favorable para la economía nacional y la industria petrolera, la cual requiere
soluciones inmediatas para reactivar su potencial.
Como en el caso de las otras iniciativas de reformas estructurales, Coparmex demanda
que ésta se analice con seriedad y visión de Estado; que se enriquezca y se apruebe en
este periodo de sesiones. Impulsemos a nuestros legisladores a que cumplan con la
responsabilidad que tienen ante el momento histórico que vive México.
Reciban un saludo afectuoso.

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